Las peticiones para el nuevo plan de empleo de exclusión social bajan un 76% respecto a cuando se iniciaron en 2014

las peticiones para los planes de empleo dirigidos a personas en riesgo de exclusión social se han reducido en un 76 por ciento en los dos últimos años. La teniente alcalde del área de Personal y Gestión de Recursos, Pilar Fernández Fígares, ha explicado que para la última convocatoria, que se está tramitando en la actualidad, se han recibido un total de 164 peticiones, frente a las 271 que se registraron el pasado año o las 700 que se alcanzaron en 2014.

La responsable municipal ha valorado que el número de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social haya descendido y ha subrayado que el Consistorio continuará haciendo esfuerzos para que las cifras de personas desempleadas continúen bajando.

En cuanto al nuevo plan de empleo dirigido a personas en riesgo de exclusión social, Fernández-Fígares ha indicado que cuenta con una subvención de 192.750 euros procedente de la administración autonómica, y ha añadido que se ha podido poner en marcha en el municipio porque el Ayuntamiento de Estepona se encuentra al corriente en los pagos de Seguridad Social y Agencia Tributaria. Con esta partida, el Consistorio podrá contratar, a partir de febrero, a 93 personas.

Los contratos serán de dos meses, y las personas seleccionadas realizarán funciones en diferentes departamentos municipales como desbroce de caminos rurales, labores de prevención de incendios forestales o cuidado y vigilancia de instalaciones deportivas y culturales.

La Junta de Andalucía estableció los requisitos para poder optar a uno de estos contratos. En concreto, los aspirantes tienen que estar dados de alta como desempleados en una oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), no haber trabajado más de 90 días durante el año anterior, y que al menos un año antes de la presentación de la solicitud todos los miembros de la unidad familiar hayan estado empadronadas como residentes en un mismo domicilio ubicado en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de las personas nacidas, adoptadas o acogidas con posterioridad a esa fecha, las víctimas de violencia de género y las personas andaluzas retornadas.