Según el ayuntamiento las propuestas realizadas por los sindicatos ni siquiera se acercan a la cifra de seis millones de euros

La concejala de Personal del Ayuntamiento de Estepona, Pilar Fernández-Fígares, ha manifestado tras la nueva reunión mantenida con las centrales sindicales que la propuesta planteada por éstas en la anterior reunión, como alternativa a la reducción de plantilla, ni siquiera se acerca al objetivo de ahorrar seis millones de euros para equilibrar ingresos y gastos municipales.

No obstante, en esta segunda reunión, ambas partes han convenido -como una de las líneas de negociación- estudiar la posibilidad de generalizar la reducción de jornada y salario a todo el personal laboral.

En este sentido, los representantes legales del Consistorio en este procedimiento han reiterado que la amortización de plazas vacantes propuesta por los sindicatos “no es un gasto” para el Ayuntamiento; las prejubilaciones pactadas con los trabajadores “no están permitidas por ley” y que el programa de productividades y horas extraordinarias afecta únicamente a policías locales y bomberos, y no a personal laboral. En este sentido, la concejala ha aclarado que este programa de productividades que ahora se está aplicando fue aprobado en sesión plenaria de diciembre de 2010 y que no se trata de “sobresueldos” a empleados, sino de cuantías que les corresponden por el cumplimiento de objetivos relacionados con los servicios que tienen encomendados.

Asimismo, ha recordado que el Consistorio está cumpliendo con el acuerdo alcanzado con los sindicatos de abonar desde enero de 2012 -de forma fraccionada y mensualmente-, las cantidades correspondientes a estos programas de productividad, que se dejaron de pagar durante el anterior mandato.    

La concejala ha recordado que el equipo de gobierno va a mantener hasta el final “toda la flexibilidad” para que se introduzcan medidas que permitan aminorar los efectos de la reducción de plantilla. Para ello, el equipo de gobierno establece en este proceso de negociación que las medidas conjuntas que se adopten no impliquen un aumento de impuestos para los ciudadanos, supongan un ahorro real de seis millones de euros. Al respecto, Fernández-Fígares ha rechazado el planteamiento realizado por los sindicatos CCOO y UGT de que las medidas de ajuste afecten a toda la plantilla, incluyendo de esta forma, a los funcionarios.