El proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del sistema sanitario público supera el debate de totalidad en el Parlamento

El proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía ha superado el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento tras rechazarse, con los votos de los grupos PSOE-A, Ciudadanos, Izquierda Unida y Podemos, la enmienda a la totalidad, con propuesta de devolución, planteada por el Partido Popular. De esta forma se remitirá ahora a la Comisión de Salud para que prosiga su tramitación parlamentaria.

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha sido el responsable de presentar para su debate por los grupos parlamentarios, el texto de esta norma, “que pretende blindar el sistema sanitario, que será básica para la sanidad pública andaluza, y que constituirá un referente en el Sistema Nacional de Salud, al no existir otra de esta naturaleza en el conjunto del Estado”.

Aquilino Alonso ha defendido que el modelo público, equitativo y de calidad tiene “más vigencia que nunca” y ha manifestado que se trata de un “proyecto ambicioso”, que el Gobierno andaluz trae al Parlamento “desde una posición de diálogo y consenso y con el fin de que se mejore con las aportaciones de los diferentes grupos, para que sea un Proyecto de todos para Andalucía”.

Aquilino Alonso ha resaltado que el debate de este proyecto de Ley en el Parlamento, tanto en la Comisión de Salud como en Pleno, “va a permitir que los distintos grupos parlamentarios, con sus aportaciones, se posicionen y se definan sobre el modelo sanitario que quieren para Andalucía y, por tanto, va a servir para que se conozca el grado de compromiso con la sanidad pública que desde las legítimas opciones políticas se defienden”.

Fines fundamentales

Durante su intervención, Alonso se ha referido a los fines fundamentales que se persiguen con el proyecto de Ley, entre los que se encuentra garantizar los principios de universalidad, equidad, calidad, solidaridad e igualdad efectiva de las prestaciones sanitarias públicas a cualquier persona que las necesite, independientemente de su condición social, cultural o económica. De este modo, esta norma se vincula con la Constitución española que, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, así como con el Estatuto de Autonomía de Andalucía el cual, en su artículo 22, garantiza este derecho mediante un sistema sanitario público de carácter universal. En relación a este fin, el responsable de la sanidad pública ha justificado que “ahora más que nunca es necesario defender de manera clara y contundente la universalidad de la sanidad pública, su sostenibilidad y la necesidad de blindarla ante las tentaciones de privatizaciones y ataques por parte de sectores interesados”.

Al hilo de ello, ha recordado que con el trasfondo de la crisis económica, se han producido en estos años cambios en la regulación estatal sanitaria básica del país, que han supuesto la quiebra de la accesibilidad y equidad, “señas de identidad del Sistema Nacional de Salud desde su constitución”. Concretamente, Aquilino Alonso ha manifestado que la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 quebró la universalidad, excluyendo a personas que residen en España de la cobertura sanitaria. Además, supuso la implantación de un régimen extendido de copagos para todos los ciudadanos, y el paso por tanto de un sistema de cobertura universal a un sistema de aseguramiento, lo que supuso un retroceso del sistema sanitario público.

Con este Real Decreto, según Aquilino Alonso, se han quebrado algunos de los principios que no se habían puesto en cuestión por ningún gobierno, como los recogidos en la Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986, y de la Ley General de Salud Pública de 4 de octubre de 2011.

Debate y consenso

El consejero ha manifestado que esta situación hace que sea necesario “abrir un debate sobre el modelo sanitario y su sostenibilidad en el conjunto del Sistema Nacional de Salud”. En este sentido, ha destacado que desde Andalucía se ha reaccionado elaborando una norma “que defienda los logros alcanzados y los haga perdurables en el tiempo”. Una norma que, además de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía, “va a servir para abrir este debate en el conjunto del Estado y así impulsar una norma a nivel estatal que garantice la sostenibilidad del conjunto del Sistema Nacional de Salud”.

Asimismo, ha resaltado que la presentación del proyecto de Ley de garantías y sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía, y su desarrollo, ha sido un compromiso asumido por la propia presidenta de la Junta de Andalucía en la X Legislatura del Gobierno andaluz, lo que ha otorgado gran importancia a que esta norma alcance un amplio consenso. Por ello, desde el inicio de su elaboración y en el debate previo del texto se ha propiciado una amplia participación.

El consejero ha calificado este proyecto como un instrumento eficaz, además de para definir un modelo sanitario, para “consolidar y fortalecer un sistema sanitario público, universal, de calidad, con suficiencia financiera y a la vez eficiente, con transparencia e inspirado en principios y valores irrenunciables”. En este sentido, el texto recoge, en su artículo 2, que el objetivo que se persigue es “atender las necesidades actuales de la población sin comprometer la capacidad de hacerlo en el futuro, asegurando un equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad y, por tanto, garantizando su sostenibilidad”.

Asimismo, Aquilino Alonso ha resaltado que esta norma presenta “un modelo de sanidad pública, universal, equitativa y de calidad y gratuita en el acceso, que asegure que la ciudadanía se beneficie de las últimas tecnologías”.

Trayectoria y participación

La elaboración de esta norma se inició en 2015, con los trámites preceptivos de información pública y audiencia, que en este caso ha sido, en palabras del consejero, “inusualmente amplio”, tanto en el tiempo en que se ha desarrollado, durante dos meses y medio, como en el grado de participación de los distintos agentes sociales, ya que se ha realizado consulta a diferentes representantes de la ciudadanía, del mundo empresarial y de los profesionales, a través de los respectivos colegios profesionales, las organizaciones sindicales representativas del sector sanitario y las sociedades científicas.

Junto a ello, se han realizado nueve foros de diálogo, uno autonómico y en cada una de las provincias andaluzas, con las 49 sociedades científicas profesionales andaluzas, que han contado con la participación de asociaciones del ámbito ciudadano, de pacientes, de ayuda mutua y profesionales que prestan sus servicios en el sistema sanitario público.

Durante el trámite de audiencia, se han recibido 42 informes de alegaciones; 27 informes y aportaciones vía web de personas físicas y jurídicas, y aportaciones de 63 grupos de trabajo en los que han participado 861 personas, de las que 527 son profesionales del sistema, con una distribución de género de 52% mujeres y 48% hombres.

Pilares de sostenibilidad

Aquilino Alonso ha afirmado que el texto desarrolla -a lo largo de 37 artículos, dos disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y dos finales- “los principios y los elementos esenciales para garantizar la calidad y la perdurabilidad del sistema público de salud”. Asimismo, actualiza el marco regulador esencial de la sanidad pública, modificando la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía, con el fin de consolidar los avances que han transcurrido desde su aprobación.

El consejero de Salud ha resaltado que la sostenibilidad de la sanidad pública se contempla desde una visión integral que se sustenta en 4 pilares: el económico, el social, el ambiental y el del conocimiento y la I+i.

Así, desde la perspectiva de la sostenibilidad económica, se aborda la financiación, los ingresos generados, la compra de bienes y servicios, el uso racional del medicamento y las tecnologías sanitarias, así como el papel activo que tienen los profesionales sanitarios. Para ello, se establece que el presupuesto garantizará la financiación necesaria y suficiente para que el sistema sanitario público de Andalucía pueda llevar a cabo las actuaciones que tiene encomendadas por esta norma y por el resto del ordenamiento jurídico.

En este sentido, Aquilino Alonso ha concretado que se seguirá avanzando en las líneas que ya están en funcionamiento desde hace años, como son la gestión clínica, las compras homogéneas para todos los centros sanitarios, el uso racional del medicamento, los procesos asistenciales integrados o la cirugía mayor ambulatoria. Junto a ello, se continuará impulsando la prescripción por principio activo, la selección pública de medicamentos, y se establecerán medidas de educación para la salud, dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de evitar el consumo innecesario de fármacos. Además, la norma establece también formas más eficientes para incorporar nueva tecnología sanitaria al sistema público de salud, en función de la evidencia científica y con garantías de carácter ético, clínico, social y económico.

El texto plantea la necesidad de una Estrategia de Gestión del Sistema Sanitario Público, que será aprobada por el Gobierno andaluz para un ámbito temporal de cuatro años, que permitirá fijar las líneas en formación, investigación e innovación, la necesidad de recursos humanos y materiales, y los resultados de salud esperados. Asimismo, se considera la dimensión social del sistema sanitario, a través de elementos claves como son la eficiencia, la equidad, la solidaridad y el diálogo, con una apuesta clara por la gestión abierta y transparente, y un papel clave de la ciudadanía, que es copartícipe activa de los logros y retos del sistema.

Valor de los profesionales

El texto de la norma reconoce el valor que aportan los profesionales a la sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía, gracias a su implicación y corresponsabilidad, apostando por la gestión clínica como el escenario idóneo para avanzar en este ámbito.

Por ello, el proyecto de Ley establece el compromiso por parte del Gobierno andaluz de garantizar un entorno de trabajo saludable, y adoptar las medidas necesarias para mejorar sus condiciones laborales, la prevención de riesgos y su salud. En este sentido, se pondrá en marcha un Plan de Igualdad de oportunidades y nuevas estrategias para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.

En cuanto a los aspectos ambientales, el texto establece que se actualizará la Estrategia de Gestión Ambiental y Energética para garantizar que la actividad sanitaria no tenga repercusiones medioambientales y contribuya a la sostenibilidad del espacio físico.

En el ámbito del conocimiento y la I+i, la norma fija que se priorizará el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como herramientas para ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre su salud, así como para mejorar la eficiencia en la gestión clínica y facilitar la medición de los resultados. Además, se invertirá en investigación e innovación para seguir creciendo y avanzando en Biomedicina y Ciencias de la Salud de Andalucía, para mantener una posición de liderazgo nacional e internacional.

Con todo ello, Aquilino Alonso ha puesto en valor que las medidas del proyecto de Ley favorecerán las garantías del sistema sanitario público de Andalucía, concretamente la perdurabilidad, sus principios, los derechos de la ciudadanía, el acceso a su cartera de servicios y la universalidad de la asistencia. Además, refuerza los derechos que ya tiene reconocidos la población andaluza en el ámbito de la salud, de segunda y tercera generación, como el acceso a todas las prestaciones, a la segunda opinión médica, a la libre elección de médico, al consejo genético y a la medicina predictiva, a los cuidados paliativos, o a la historia clínica, entre otros.

Esta norma establece que no se establecerán sistemas de copago para las prestaciones de la cartera complementaria de servicios en el ámbito de las competencias autonómicas y determina la capacidad para arbitrar medidas para minimizar el impacto en la ciudadanía, en el caso que la normativa estatal imponga copagos en las prestaciones incluidas en la cartera básica del Sistema Nacional de Salud.

En la futura ley también se determina que ninguna persona quedará excluida de las prestaciones sanitarias por razones económicas, garantizándose por tanto la universalidad. Por ello, el consejero de Salud ha manifestado que esta norma “sirve como escudo protector frente a las tentativas de privatizaciones y desmantelamiento del sistema” y da respuesta a las necesidades de la población, garantizando su perdurabilidad y el respeto a sus principios, sin comprometer derechos conquistados, y asegurando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente, bienestar social, gestión del conocimiento, investigación e innovación.

Además, ha reiterado la propuesta de un ‘Pacto por la Sanidad Pública Andaluza’ que, en el marco de esta futura Ley de Garantías y Sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía, “permita blindar el sistema, dando seguridad y certeza a la ciudadanía sin poner en cuestión los pilares que lo sustentan”.

Finalmente, Aquilino Alonso ha invitado a los grupos parlamentarios a realizar “desde una actitud de diálogo y encuentro, aportaciones constructivas que puedan mejorar el texto”, así como a que recojan las aportaciones que puedan realizar los distintos agentes sociales en su comparecencia ante la Comisión de Salud. Asimismo, ha solicitado “el apoyo más amplio posible desde la legitimidad de las posiciones que cada grupo pueda defender”.